Bienvenido a Sector Ejecutivo, revista de Economía y Empresas / España, Nº 223 Julio-Agosto de 2017

Antonio Garamendi Lecanda, presidente de CEPYME

Miguel A. Gallego

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa se fundó en 1977 por doce organizaciones territoriales de ámbito provincial. Su objetivo fundacional, que sigue plenamente vigente, es la defensa del libre mercado y de los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios autónomos a los que representan y que constituyen el 99’8 por ciento del empresariado español.
Para trabajar por este objetivo, CEPYME se integró en 1978 en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), configurando así un modelo organizativo empresarial único en Europa, en el que se integran todas las empresas con independencia de su tamaño o sector de actividad, y cuya eficacia ha quedado contrastada durante todos estos años.
CEPYME representa dentro de la CEOE una parte sustancial de las empresas españolas, y así lo reconocen los propios Estatutos que conceden a su organización una vicepresidencia.

¿Cuáles son los principales problemas que tiene la pequeña y mediana empresa en España?
Durante estos años de crisis, el principal problema para las pequeñas y medianas empresas ha sido la falta casi absoluta de financiación, que ha ocasionado la desaparición de muchas pymes desde 2007. Aunque en los últimos meses se está produciendo una paulatina recuperación del crédito, éste sigue llegando de manera escasa a las pymes que, además, acuciadas por otro de los grandes problemas que hemos vivido estos años, como es la morosidad, se ven obligadas a emplear estos escasos recursos financieros para afrontar las necesidades de liquidez, sin poder plantearse nuevos proyectos o inversiones.
Además de favorecer el acceso de las pymes a la financiación en cantidad y plazos accesibles, es preciso reducir los costes que actualmente soportan las empresas, incluidos los fiscales y los asociados al empleo y racionalizar el funcionamiento de las Administraciones públicas, simplificando los organismos y evitando las duplicidades que se producen en muchas ocasiones, que suponen un elevado coste en tiempo y dinero y entorpecen la generación de nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de las ya existentes. En este sentido, es preciso también una mayor armonización de las legislaciones autonómicas y hacer realidad la unidad de mercado.
Como ya he adelantado, es necesario reducir la presión fiscal que soportan las pymes y los autónomos, situándola en la media europea y lograr un marco laboral más flexible, que tenga más en cuenta las necesidades específicas de las empresas de menor dimensión y favorezca la generación de empleo.

¿Cómo piensa usted que está influyendo en la creación de empresas la reforma laboral que impulsó en su día el actual Gobierno? ¿Tendría que haber sido más ambiciosa?
La reforma laboral ha contribuido a introducir mayor flexibilidad en las empresas y a facilitar su adaptación a las circunstancias del mercado, sin tener que recurrir como única salida a la destrucción de empleo o el cierre. Desde este punto de vista, la reforma ha hecho posible la supervivencia de muchas pymes y el mantenimiento del empleo que de ellas depende, así como la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo cuando la situación lo permita.
Además, la reforma laboral ha cambiado las condiciones, permitiendo que con un crecimiento económico todavía moderado, como el 1’4% registrado en 2014, se pueda crear empleo neto, mientras que antes la economía española no creaba empleo con crecimientos inferiores al 2%.
Es importante aprovechar estos efectos positivos de la reforma para profundizar en la modernización del mercado laboral, creando un entorno más favorable a la creación de empleo en las pymes, por ejemplo, reduciendo los costes laborales asociados al empleo.