“Estamos solucionando las consecuencias que tienen para determinados sectores empresariales y para muchos ciudadanos los incumplimientos del Estado español ante la Unión Europea, derivados de la no aplicación del derecho comunitario de la Unión Europea que es norma de obligado cumplimiento para nuestro ordenamiento. Tenemos casos en marcha de quejas y demandas ante la Comisión y el Parlamento europeos sobre los interinos de la Administración (“empleados públicos abusados”) que pueden ser unos 900.000; los talleres de reparación de automóviles contra los abusos de las compañías aseguradoras y la competencia desleal o abuso de posición dominante, hablamos de miles de empresas y autónomos afectados; los armadores de pesca contra la Comisión por el trucaje de los motores de los barcos de pesca; la asociación de médicos de la sanidad privada también contra las actuaciones de las compañías aseguradoras, que afecta a unos 50.000 profesionales sanitarios; las 750.000 personas que se jubilaron anticipada y legalmente y que no se les reconoce una pensión digna; funcionarios de la Administración de Justicia, por citar algunos de los casos más significativos”. Me explica como introducción Juan Ignacio Navas
Este verdadero “azote” del Estado español es un abogado distinguido, de origen malagueño, culto, creyente, con un sentido del humor inglés y sobre todo con un finísimo olfato profesional para identificar causas que merecen la pena defender en Europa y ante los tribunales españoles, donde ha ganado centenares de sentencias. Fundó con su mujer hace 38 años el primer despacho en Barcelona, que ha extendido a Madrid, Bruselas, China, Estados Unidos y a diversos puntos de España (Valencia, Palma de Mallorca y Málaga). Es infatigable, realiza 152 vuelos al año a distintas partes del mundo y dice de él mismo que “soy un búho” porque las noches se dedica entre sueño y sueño a darle vuelta a las cosas.
Sorprende que los sucesivos gobiernos españoles no se pongan al día con la aplicación de la legislación comunitaria. Su despacho se ha especializado en este tipo de asuntos y muchos empresarios recurren a usted.
Sí, es verdad que las directivas comunitarias son de obligado cumplimiento y que acarrean fuertes multas que debe pagar el erario español y que su incumplimiento da derecho al ciudadano español para reclamar al Estado una indemnización.
Por otra parte, empresarios y colectivos profesionales se dirigen a nuestro despacho porque conocemos bien las instituciones europeas, la Carta Magna Europea y sabemos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos de la Unión. Todavía hoy, hay sectores de actividad que no conocen las directivas que afectan a su actividad y que España debe incorporar a su ordenamiento. Por ejemplo, ahora vamos a abordar la Ley Sindical que entendemos no se ajusta al derecho a la negociación colectiva conferido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de los derechos humanos. Sobre el mismo tema entra en vigor a partir de 1 de agosto una nueva Directiva que especifica dicho derecho.
Quiero recalcar que nuestro despacho tiene como eslogan “donde los demás no llegan” o dicho de otra manera existen profesionales que no conocen bien los entresijos de las instituciones de Bruselas. Nosotros tenemos allí un despacho permanente y conocemos a los europarlamentarios y a los funcionarios de la Comisión y ganamos asuntos controvertidos. Europa es compleja y hay que entenderla bien, sobre todo a partir de ahora que se ha consolidado en el mundo como una gran potencia en defensa con la lamentable guerra de Ucrania.
Si no tuviera una familia y un despacho tan abarrotado de asuntos, “me iría a Ucrania a rescatar gente”.
Hemos conseguido mediante queja al Reino de España ante la Comisión Europea, toda la reforma del sistema financiero. Hemos denunciado el vergonzoso comportamiento de Bancos y entidades financieras ante los tribunales españoles y hemos ganado todos los juicios.
Usted fue el pionero en defender en España a los usuarios de las atrocidades de los bancos. Su despacho ha obtenido nada menos que 470 sentencias favorables.
Sí, me siento muy orgulloso de haber ganado en Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales de todo el territorio nacional, así como del Tribunal Supremo, reclamaciones judiciales de cláusulas abusivas (cláusulas suelo, IRPH, gastos de formalización de hipoteca, vencimiento anticipado, intereses abusivos, productos estructurados, swaps, hipotecas multidivisa, entre otras); mala praxis bancaria y productos complejos (swaps, hipotecas multidivisa, acciones de Banco Popular, obligaciones, valores, estructurados, cestas de valores, ejecuciones hipotecarias, afianzamiento indebido, tasaciones, hipotecas multidivisa, hipotecas inversa, entre otras.
