La Fundación Civismo presenta una nueva edición del libro “Libertad económica en España”, que empezó a publicarse en 2008 y ha constituido desde entonces la referencia obligada en el estudio de la libertad económica y el papel del sector público en las comunidades autónomas de nuestro país. El director de este trabajo es el profesor Francisco Cabrillo, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, actual secretario general de Civismo, organización de la que es miembro fundador, y también director del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo.
Su amplia trayectoria incluye cargos académicos destacados en varias instituciones educativas prestigiosas y roles prominentes en la esfera pública. ¿Cómo ha influido esta diversidad de experiencias en su enfoque hacia la economía y su comprensión de los problemas económicos contemporáneos?
Uno de los problemas de los economistas actuales es, seguramente, el exceso de especialización. No cabe duda de que la especialización es necesaria. Nadie es hoy capaz de conocer a fondo la totalidad de los problemas relacionados con la economía. Pero la realidad es compleja y muchas cuestiones económicas están interrelacionadas: Por tanto, no se puede entender lo que ocurre en un sector o en una circunstancia concreta si no se tiene una visión global de los temas analizados. Creo que mis diversas actividades me han ayudado a encuadrar cada problema concreto en un marco general.
En su libro "Libertad Económica en España", ¿cómo aborda el desafío de la financiación autonómica y qué impacto cree que tiene en el desarrollo económico y la equidad dentro del país?
Una de las tesis de este libro es que la descentralización del gasto público debería ir acompañada de una descentralización de los ingresos, de modo que nos acerquemos a un modelo de federalismo fiscal bien estructurado, lo que hoy no sucede en España. Este modelo debería estar abierto, desde luego, a la competencia fiscal entre las Comunidades Autónomas, competencia que beneficia a los contribuyentes al limitar abusos por parte de algunos gobiernos regionales. Y es importante señalar que el federalismo y la competencia no rompen la unidad de mercado en nuestro país, que es algo, ciertamente, muy importante. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas deberían entender que aumentar la presión fiscal no es lo que conviene a las personas y a las empresas, sino que es un freno para su crecimiento económico.
La Ley de Vivienda, especialmente en relación con la fijación de precios, ha sido un tema candente en España y en otras partes del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre cómo estas políticas afectan a la libertad económica y al acceso a la vivienda? ¿Hay soluciones que considere más efectivas desde su perspectiva?
La actual Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 sólo puede definirse como un auténtico desastre, que tiene, por cierto, muchas semejanzas con la legislación de la dictadura del general Franco. No es difícil prever que sus regulaciones van a tener como efecto principal una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y, por tanto, van a hacer más difícil el acceso a una vivienda a la gente que más lo necesita. La política sensata consistiría en incrementar la oferta, tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como mediante la puesta en el mercado de numerosas casas que, con la regulación actual, van a quedar, de facto, fuera de él. Y una reforma de la administración de justicia que agilizara los procedimientos judiciales en este sector y garantizara los derechos de propiedad de los arrendadores ayudaría también sin duda.
Ha sido miembro fundador de la European Association of Law and Economics y ha dirigido el Erasmus Programme in Law and Economics. ¿Podría compartir su visión sobre la importancia de las instituciones en el crecimiento económico, particularmente en el contexto español?
Se trata de responder a la pregunta que ya se planteaba Adam Smith hace casi dos siglos y medio: determinar cuáles son la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Lo que nos enseña la experiencia es que los principales factores que determinan la prosperidad de un país no son sus recursos naturales, sino su capital humano -las personas que en él residen- y el marco jurídico e institucional en que se llevan a cabo las actividades económicas. Es muy difícil que las cosas vayan bien en un país en el que exista inseguridad jurídica o las normas regulatorias sean un freno a la iniciativa de los agentes económicos.
Como presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid durante un período significativo, ¿cómo ha contribuido a la promoción del desarrollo económico y social en esta región específica?
Yo fui presidente del Consejo económico y Social entre 2004 y 2011. Fue un período muy interesante, en el que se sentaron, en buena medida, las bases de la actual prosperidad económica de Madrid, creando una economía menos regulada, más abierta y más competitiva. Me gusta pensar que mi trabajo en el Consejo contribuyó a ello de alguna forma.
