Alberto García
La FED es una organización empresarial sectorial, concretamente del ámbito de la atención sociosanitaria y de la dependencia, de la que es presidente José
Alberto Echevarría García, Licenciado en Derecho. En ella están integradas todas aquellas empresas de residencias, centros de día y de noche, servicios de
ayuda a domicilio, teleasistencia y servicios sociales de atención directa a personas dependientes o no. Dentro de este ámbito están incluídas todas las
personas mayores, enfermos mentales, intelectuales, menores, etc.
Su objetivo es la representación, defensa y gestión de los intereses generales, económicos y socio-laborales de sus asociados, tanto a nivel estatal como
supranacional.
¿Cuáles son las claves de desarrollo en el sector de la dependencia? ¿Tenemos la mejor legislación posible para que el sector funcione adecuadamente?
España necesitaba una Ley de la Dependencia que desarrollara, entre otras cosas, el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos
independientemente del lugar de residencia y que reconociera la dependencia como cuarto pilar del estado de bienestar, junto a las pensiones, sanidad y
educación, en la línea de los países europeos de nuestro entorno.
No cabe ninguna duda que anteriormente a la Ley de la Dependencia, ya se estaba atendiendo a las personas en situación de dependencia por parte de las
Comunidades Autónomas. Pero cada Comunidad tenía su propia normativa, con grandes diferencias entre ellas, y además sujeta a la voluntad política de cada
Administración autonómica.
Esto parecía que se arreglaba con una Ley de la Dependencia para toda España que reconocía a los ciudadanos un derecho universal y subjetivo.
Pero la Ley tenía, en mi opinión, dos grandes trampas.
Por un lado, a pesar de ser una Ley nacional, las competencias, para su desarrollo, son autonómicas, por lo que en realidad se han configurado 17 leyes de la
dependencia completamente diferentes. En las que los ciudadanos reciben prestaciones diferentes, servicios diferentes, aportan al sistema (copago) de manera
diferente si vives en Murcia o en Andalucía, por ejemplo.
Por otro lado la Ley salió sin dotación económica, estando sujeta a las aportaciones que decidieran en sus presupuestos las Administraciones competentes
(Administración General del Estado y Comunidades Autónomas), así como a una previsión de copago por parte del usuario de un tercio del coste del servicio en
cuestión.
No se puede hablar de un derecho universal y subjetivo sujeto al albur de los Presupuestos de la Administración correspondiente.
En definitiva, tenemos un sector que genera riqueza, realiza inversiones, crea puestos de trabajo y obtiene retornos económicos positivos para la
Administración.
Pero sin embargo estamos en un escenario de gran incertidumbre con 190.000 personas sin atender y 50.000 plazas residenciales vacías.
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