Bienvenido a Sector Ejecutivo, revista de Economía y Empresas / España, Nº 281 Noviembre de 2022

Leonardo Neri Fernández y Javier Valdecantos Lora-Tamayo, socios directores de Montero Aramburu Abogados

Paloma Serrano

En 1971, tras 18 años como inspectores al servicio de la Administración del Estado, José Luis Montero Gómez y Armando Fernández-Arámburu León fundaron en Sevilla el despacho Montero Aramburu Abogados, especializado en derecho tributario.

L.N. Están celebrando su 50 Aniversario. ¿Qué balance hacen de estos años?
Muy positivo. Hemos pasado de ser una boutique de derecho fiscal en Sevilla a una firma nacional y multidisciplinar. Esto ha sido posible gracias a nuestros magníficos profesionales, que han sabido ofrecer un servicio jurídico con alto valor añadido a los clientes con el máximo rigor y excelencia. A ello se añade la permanente cohesión a nivel de socios, que ha constituido el otro pilar para llegar hasta aquí con éxito.
Podemos afirmar con orgullo que somos el despacho de referencia en nuestros principales mercados: Canarias y Andalucía. Ahora toca serlo a nivel nacional, en donde nos situamos en el puesto 15º del ranking de los bufetes españoles por volumen de facturación.

L.N. Hoy día el despacho tiene 14 Áreas de Práctica. ¿Cuáles son? ¿Y las más demandadas por sus clientes?
Abarcamos desde las áreas de práctica más clásicas asociadas a la abogacía de los negocios (civil, penal, procesal y arbitraje, fiscal, derecho público, concursal, fiscalidad internacional, laboral y mercantil), hasta las más novedosas, como las relativas al Derecho digital y negocios tecnológicos, entretenimiento y deporte, energía…, que requieren, por exigencias del mercado, un mayor grado de especialización, para lo cual contamos con equipos transversales conocedores de las inquietudes de los colectivos a los que dirigimos nuestros servicios.

L.N. ¿Cuántas sedes tienen? ¿Dónde y qué número de profesionales en total?
Tenemos sede en seis capitales españolas: Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva y Córdoba, en las que trabajan un total de 278 personas, de los cuales 148 son abogados y economistas. Esta cifra total de empleados se ha multiplicado por seis desde el año 2000.

J.V. Durante los últimos años, el crecimiento de los negocios digitales a nivel nacional y con proyección internacional ha sido muy destacado. ¿Cómo puede ayudar Montero Aramburu a este tipo de compañías?
Acompañamos a las empresas ofreciendo un asesoramiento integral, tanto a aquellas que crean tecnología y son tractores de la economía digital como a las que se están transformando digitalmente y requieren que la contratación de servicios y la adecuación de su negocio se realice con plena seguridad jurídica.
A comienzos de 2021 creamos el Área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos, dotado de un equipo multidisciplinar con amplio conocimiento de las nuevas tecnologías exponenciales: IA, IoT, machine learning y blockchain… ofreciendo un asesoramiento jurídico integral desde un enfoque innovador, que genera un impacto positivo en el negocio de nuestros clientes.

J.V. ¿Perciben una reactivación de la situación económica? ¿Cómo pueden ayudar los despachos a esta reactivación?
Aunque el nuevo año empieza con incertidumbres, somos optimistas y creemos que la economía marchará a buen ritmo en 2022 y despegará tras la superación definitiva de la pandemia. Los bufetes no podemos mantenernos al margen de lo que les ocurre a nuestros clientes, y cuando éstos pasan por dificultades debemos ser verdaderos aliados. Por ejemplo, estamos ayudando a impulsar a empresas estratégicas, sin las que es imposible una recuperación económica y la creación de empleo, participando en las grandes licitaciones convocadas por el Estado.
La primera adjudicación fue en el acuerdo marco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para ayudar en el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. El segundo, es el de Compañía Española de Financiación al Desarrollo, COFIDES, para prestar los servicios de apoyo externo en la verificación de la concurrencia de los requisitos para optar al apoyo de empresas afectadas por el COVID, dotado con 1.000 millones de euros. Y hay más adjudicaciones en marcha como, por ejemplo, la del Grupo AENA a la UTE integrada por Montero Aramburu Abogados y Gómez Villares y Atencia para todo el territorio nacional.

J.V. Cuando hablamos sobre la empresa familiar y cómo se planifica la sucesión generacional, surgen internamente distintos problemas. Háblenos sobre los más relevantes y sobre las distintas soluciones que se pueden dar.
Casi el 90% de nuestras empresas son familiares, por lo que el traspaso generacional es un problema de importante repercusión jurídica y económica. El empresario tiene que realizar un profundo análisis sobre quién puede sucederle, la necesaria profesionalización de la empresa, el papel que debe jugar la familia en la propiedad y, en su caso, en políticas de dividendos, sucesión testamentaria, conveniencia de incorporar socios industriales o capitalistas... Es una reflexión necesaria y en la que se recomienda dibujar una planificación sucesoria consensuada, a ser posible, con todos los miembros de la familia.